La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emprendió una auditoría integral del sistema de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Este proceso busca examinar la totalidad de los beneficios otorgados. Los primeros resultados de la inspección revelaron diversas irregularidades en la asignación de estas pensiones, según informes de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas.
El director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, comunicó a través de la plataforma X que el propósito principal de estas revisiones es asegurar que solo los individuos que cumplen con los requisitos legales continúen recibiendo el beneficio. Spagnuolo enfatizó la importancia de transparentar el sistema para que las pensiones lleguen exclusivamente a quienes realmente las necesitan.
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La situación se tornó crítica debido al crecimiento exponencial de estas pensiones en las últimas dos décadas, aumentando de 80,000 en 2003 a más de 1.2 millones en la actualidad. Spagnuolo señaló que muchas de estas pensiones se otorgaron fraudulentamente, y su administración está determinada a corregir esta situación. Aclaró que el objetivo no es perjudicar a los beneficiarios legítimos, sino eliminar las pensiones concedidas de manera irregular, asegurando así la integridad del sistema de apoyo social.
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Los recientes análisis realizados este año revelaron datos alarmantes: de una muestra de 2.559 casos examinados, apenas el 7% cumplía con los criterios necesarios para recibir la pensión no contributiva. Frente a esta situación, Spagnuolo declaró que, además de reorganizar el sistema, se busca que los funcionarios y profesionales implicados en la asignación irregular de estas pensiones sean responsabilizados judicialmente.
El director de ANDIS concluyó sus declaraciones afirmando que “el gobierno del Presidente Milei llegó para implementar los cambios que nadie se atrevió a hacer antes“. Con estas palabras, reafirmó el compromiso de su administración para asegurar que el sistema de pensiones no contributivas por invalidez opere de manera equitativa y eficaz.
Se anticipa que las auditorías continuarán en todo el territorio nacional, y es probable que se produzcan más cancelaciones de pensiones en los próximos meses conforme se descubran nuevas irregularidades. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para depurar y optimizar el sistema de asistencia social del país.
Requisitos para seguir cobrando la prestación por Pensiones por Invalidez
En el anexo de la norma publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno detalló todos los requisitos para acceder a la Pensión por Invalidez:
- Encontrarse incapacitado en forma total y permanente. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca una disminución del SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66 %) o más en la capacidad laborativa.
- Presentar el Certificado Médico Oficial (CMO) y su documentación médica respaldatoria, con la patología y el grado de incapacidad indicado y suscripto por un profesional médico.
- No poseer un vínculo laboral formal ni encontrarse inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente.
- Acreditar la identidad, edad y nacionalidad mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país.
- Las personas extranjeras deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.
- No estar amparado el peticionante por un régimen de previsión, retiro permanente o pensión de carácter contributivo o no contributivo.
- En el caso de solicitantes menores de edad, no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos, o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo.
- No tener pariente o cónyuge que esté obligado legalmente a proporcionarle alimentos y sustento económico, o que, teniéndolos, no sea suficiente para la subsistencia.
- No poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes que permitan su subsistencia. La Andis será la encargada de establecer los criterios socioeconómicos con el fin de evaluar y acreditar el cumplimiento de este requisito.
- No encontrarse detenido en establecimientos penitenciarios o a disposición de la justicia.
