La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó sobre la suspensión de más de 65.000 pensiones no contributivas que se pagan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta medida responde a los resultados de auditorías recientes que detectaron irregularidades en los beneficiarios.
Las principales causas de estas suspensiones incluyen el incumplimiento de los requisitos básicos para acceder al beneficio y la falta recurrente a las evaluaciones médicas obligatorias. Estos controles buscan garantizar que las prestaciones lleguen únicamente a quienes realmente las necesitan.
Causas principales de la suspensión de pensiones por discapacidadLa Andis identificó los motivos clave que llevaron a la cancelación de beneficios. Los factores determinantes incluyen:Incumplimiento de condiciones básicas para obtener la pensión no contributiva. Ausencias injustificadas a las evaluaciones médicas programadas representaron otro motivo frecuente. En casos de fallecimiento, se registraron 6.643 bajas del padrón de ANSES. Además, 8.207 beneficiarios optaron por renunciar voluntariamente al detectarse irregularidades en sus situaciones.Las autoridades enfatizan que estos procesos de verificación garantizan el uso correcto de fondos estatales, asegurando que los recursos lleguen a quienes cumplen todos los requisitos. Este mecanismo fortalece la transparencia y promueve una distribución más justa de las prestaciones sociales.Los exámenes se basan en lo establecido por el Decreto 843/2024, que fija como condiciones:
Demostrar al menos 66% de discapacidad laboral
No mantener empleo registradoLa normativa actual intensificó los parámetros para conservar el derecho a la pensión, elevando los estándares de control.
Qué pasa con la Emergencia en discapacidad
El Congreso aprobó recientemente una medida que declara la emergencia en materia de discapacidad, aunque aún espera su publicación oficial en el Boletín. Previo a esta decisión, la Andis manifestó su oposición al proyecto, argumentando que afectaría negativamente las cuentas públicas.
La nueva normativa mantiene vigentes los procesos de auditoría, pero exige mayor transparencia sobre su implementación. También obliga a reinstaurar aquellas pensiones no contributivas que hayan sido canceladas irregularmente.
El presidente Javier Milei anunció que rechazará la iniciativa mediante veto presidencial. De concretarse esta acción, el proyecto volvería al Congreso, donde necesitaría el respaldo de dos tercios de los legisladores para convertirse en ley. Según el diputado Daniel Arroyo, principal promotor de la medida, la propuesta contaría con los apoyos necesarios para superar este trámite.
