El Gobierno nacional oficializó este jueves la entrega de un bono previsional extraordinario de hasta $70.000, que se pagará en septiembre de 2025 a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. Tras el anuncio, la ANSES detalló cómo será el alcance de la medida.

La iniciativa tiene como objetivo compensar la pérdida del poder adquisitivo que afectó a los haberes jubilatorios en los últimos años debido a la anterior fórmula de movilidad.

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Quiénes acceden al bono de ANSES y cuáles son los requisitos

De acuerdo al Decreto firmado por el presidente, el beneficio se otorgará a los titulares de prestaciones contributivas administradas por ANSES, a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres con siete hijos o más y pensiones graciables.

El bono completo de $70.000 será abonado únicamente a quienes perciban hasta un haber mínimo jubilatorio. En caso de superar ese monto, se otorgará un pago proporcional, que se extenderá hasta alcanzar el equivalente a un haber mínimo más $70.000.

En el caso de pensiones con varios copartícipes, el refuerzo se considerará como si existiera un solo titular. Además, el beneficio será no remunerativo, sin descuentos y no se computará para otros conceptos.

Por qué el Gobierno implementa este refuerzo económico

La medida se enmarca en la nueva fórmula de movilidad jubilatoria implementada en 2024, que ajusta los haberes de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Ejecutivo reconoció que la fórmula anterior, establecida por la Ley 27.609, provocó un importante retraso en los ingresos de los adultos mayores, especialmente entre quienes cuentan con menores recursos. Por este motivo, desde enero de 2024 se recurrió al pago de bonos extraordinarios como mecanismo de compensación.

Con este nuevo refuerzo, el Gobierno busca atenuar los efectos de la inflación y garantizar que jubilados y pensionados puedan mantener su poder de compra.

La ANSES será la encargada de definir la aplicación, liquidación y control del beneficio, mientras que la Jefatura de Gabinete realizará los ajustes presupuestarios necesarios para asegurar los fondos destinados al pago.

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