La Legislatura de Córdoba sancionó una ley orientada a garantizar el 82% móvil para jubilados, en el contexto de la emergencia previsional provincial.
La iniciativa surgió a partir de un mecanismo de iniciativa popular que reunió más de 38.800 firmas de adultos mayores.
Medidas que benefician a jubilados de Córdoba
La norma declara la emergencia previsional por un plazo de cinco años, con opción de prórroga automática. El propósito principal es resguardar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, afectada por un déficit profundizado ante la falta de transferencias nacionales.
Entre los puntos destacados, se dispuso una restitución parcial del 82% móvil mediante un adicional mensual no remunerativo. Esta compensación apunta a recomponer los haberes de unos 60.000 jubilados, especialmente de quienes cobran ingresos cercanos a $1.300.000, con mayor impacto en los sectores de menores recursos.
Si bien la medida no implica la restitución plena y general del histórico 82% móvil, constituye un alivio relevante para una porción significativa de los beneficiarios.
La ley también habilita al gobernador Martín Llaryora a incrementar los aportes personales de los trabajadores activos hasta un 8%, bajo un esquema progresivo que recae con mayor peso en salarios altos, como los de empleados judiciales, bancarios, de EPEC y municipales. A su vez, se dispuso la suspensión temporal de los fondos solidarios mientras dure la emergencia.
Otro punto autoriza al Poder Ejecutivo a transferir la administración de subsistemas previsionales a entidades gremiales que lo soliciten. Además, se instruyó a los legisladores nacionales por Córdoba a reclamar ante la Nación los fondos adeudados por ANSES, estimados en más de $30.000 millones mensuales.
Cabe recordar que la provincia logró recuperar recursos tras una acción judicial contra el Estado nacional, lo que permitió que jubilados y pensionados provinciales perciban un bono bimestral de $100.000.
Controversia política por la ley
El debate legislativo se desarrolló en un clima de fuerte tensión. Desde el oficialismo, referentes como Nadia Fernández y Facundo Torres defendieron la norma al sostener que protege principalmente a los jubilados con menores ingresos y que el mayor esfuerzo recae sobre los sectores mejor remunerados.
“No es una ley contra los jubilados, sino para cuidarlos”, expresó Fernández.
En contraposición, la oposición, con voces como Brenda Austin y Alejandra Ferrero, cuestionó con dureza la iniciativa. Austin calificó la norma como “perversa” y advirtió que podría incidir negativamente en el cálculo de haberes futuros.
