La reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad activó un nuevo esquema de pensiones no contributivas (PNC), que continúan bajo la órbita de ANSES. El sistema incorpora modificaciones importantes en los criterios de otorgamiento, control y permanencia de estos beneficios.
Con la publicación del Decreto 84/2026 comienza a regir formalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma dispone, entre otros puntos, que las pensiones no contributivas por discapacidad pasan a formar parte de un nuevo sistema de protección social de mayor alcance.
Conversión automática de pensiones no contributivas
Uno de los pilares del régimen es la conversión automática de las PNC ya concedidas al esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Este traspaso se realiza de oficio, sin gestiones por parte del titular, y debe iniciarse dentro de los quince días hábiles desde la vigencia de la reglamentación.
Durante el período de verificación administrativa, los beneficiarios continúan cobrando a través de ANSES. De esta manera, la normativa asegura la continuidad del ingreso hasta que se emita el acto administrativo que formalice la conversión.
Al momento de efectuar el cambio de régimen se controla que los titulares cumplan con los requisitos establecidos. Si se detecta alguna irregularidad, se garantiza el derecho de defensa de los beneficiarios antes de adoptar cualquier decisión.
Desde EconoBlog señalan que el procedimiento no genera bajas para quienes cumplen con las condiciones de las pensiones no contributivas. Por ese motivo, los titulares no deben alarmarse ante la implementación del nuevo sistema.
Las nuevas pensiones no contributivas por discapacidad para la protección social equivalen al 70% del haber mínimo y resultan compatibles con el empleo formal. No obstante, los ingresos del beneficiario no pueden superar el doble del salario mínimo, vital y móvil vigente.
Nuevas auditorías a las PNC
El régimen actualizado de pensiones no contributivas incorpora auditorías periódicas como mecanismo central de control. La autoridad de aplicación puede solicitar documentación, certificados médicos, evaluaciones socioeconómicas y autorizar inspecciones para verificar que se mantengan las condiciones que dieron origen al beneficio.
Asimismo, los beneficiarios deben informar cualquier modificación en su situación de salud, ingresos o domicilio dentro de los plazos previstos. La falta de actualización de datos o la ausencia injustificada ante una citación puede derivar en la suspensión del pago de ANSES.
Las auditorías sobre pensiones no contributivas no implican la pérdida automática de derechos, ya que deben respetar el debido proceso y contemplan instancias de reclamo. De este modo, se evita la baja preventiva de beneficios como ocurrió en etapas anteriores.
Causales de suspensión, caducidad y rehabilitación
La reglamentación detalla con precisión las causas por las cuales una pensión puede suspenderse o caducar. Entre ellas figuran el incumplimiento de obligaciones formales, el cobro indebido de haberes, la imposibilidad de notificar citaciones por datos erróneos y situaciones como fallecimiento, renuncia o salida del país.
Sin embargo, el régimen también prevé la rehabilitación de la prestación cuando el titular demuestra de manera fehaciente su derecho. En esos casos se realiza una nueva evaluación y, si corresponde, el pago se restablece desde el mes siguiente. Además, se contempla un pago retroactivo de las pensiones no contributivas solo cuando la suspensión resulte improcedente.
