El Gobierno de Javier Milei formalizó la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de una orden judicial que exigió su implementación inmediata.
La decisión activa el nuevo esquema de pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad, con cambios en su funcionamiento y control.
Controversia en torno a la ley de emergencia en discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso en julio de 2025 ante la necesidad de asegurar prestaciones, PNC y servicios integrales para personas con discapacidad. No obstante, el Poder Ejecutivo vetó la norma por razones presupuestarias, una medida que el Parlamento rechazó.
Tras la anulación del veto, Javier Milei supeditó la vigencia de la ley a la definición de su financiamiento mediante el Decreto 681/2025.
Este escenario generó un fuerte malestar entre organizaciones sociales y familias de personas con discapacidad, que recurrieron a la Justicia. En diciembre, el Juzgado Federal de Campana declaró inválida la suspensión de la Ley 27.793, ordenó su aplicación inmediata y fijó como fecha límite el 4 de febrero de 2026 para su plena implementación.
Finalmente, en el plazo establecido, el presidente puso en marcha la ley de emergencia en discapacidad a través del Decreto 84/2026.
Cambios introducidos por la reglamentación
La reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad define el funcionamiento del nuevo régimen. Entre los lineamientos centrales dispuestos por el decreto se destacan:
- La creación del régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, con criterios específicos de acceso, continuidad e incompatibilidades.
- La conversión automática de las PNC vigentes al nuevo esquema, sujeta a verificación administrativa.
- La fijación de requisitos de evaluación socioeconómica y procedimientos administrativos para la tramitación de prestaciones.
- Mecanismos de articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, con participación de provincias y organizaciones sociales.
- La implementación de auditorías periódicas, controles de transparencia y difusión de informes públicos.
- Instancias de coordinación entre el Estado y la sociedad civil para garantizar inclusión y protección de derechos.
Alcances y novedades del esquema operativo
La ley de emergencia en discapacidad apunta a asegurar derechos básicos a personas con incapacidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción de prórroga por un año. Entre los puntos relevantes de la reglamentación se incluyen:
- La PNC representa el 70% del haber mínimo jubilatorio, con ajustes en casos de invalidez laboral o contextos geográficos adversos, sin cambios en el monto que liquida ANSES.
- El beneficio es compatible con trabajo registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
- Las prestaciones de interés público, como salud y programas de apoyo, quedan bajo políticas estatales coordinadas.
- El decreto contempla compensaciones y actualización de aranceles para sostener la calidad de atención de los prestadores.
Designaciones y estructura operativa
Con la reglamentación, el Gobierno confirmó nombramientos clave dentro del esquema encargado de aplicar la ley de emergencia en discapacidad:
- Alejandro Alberto Vilches fue designado Secretario Nacional de Discapacidad, responsable de coordinar las políticas públicas del área.
- Gianfranco Scigliano asumió como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, con funciones en normativa y validación de certificados.
- Esteban Rafael Giler quedó al frente de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, orientada a la inclusión social, laboral y educativa.
Estos funcionarios cumplen un rol central en la implementación efectiva de la ley, ya que articulan acciones con organismos federales, provincias y organizaciones de la sociedad civil.
