La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, lo que implica una recomposición salarial para docentes y no docentes y, fundamentalmente, una actualización de las becas que podría llevar el monto mensual del Progresar a superar los $60.000 para estudiantes universitarios.
La decisión de los camaristas Sergio Fernández y Jorge Morán ratifica el fallo de primera instancia de diciembre de 2025, que había ordenado al Gobierno cumplir con la ley 27.795.
El monto actual de la Progresar y el ajuste que se viene
En marzo de 2026, el Gobierno había fijado mediante la Resolución 172/2026 el monto de las Becas Progresar en $35.000 mensuales para todas las líneas del programa, con actualizaciones por el Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, la ley de financiamiento universitario establece un mecanismo diferente: la recomposición debe calcularse desde diciembre de 2023, con un ajuste equivalente a la inflación acumulada en ese período.
Según cálculos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , para cumplir con lo establecido por la ley, las becas deberían aumentar aproximadamente un 47,3% en relación al valor de febrero de 2026, lo que llevaría el monto mensual alrededor de los $60.000. El propio CIN advirtió que el valor real de las Becas Progresar disminuyó más del 95% desde el inicio de la gestión actual.
El fallo que desbarata la estrategia oficial
Los camaristas fueron contundentes en su argumentación al recordar que, cuando dos leyes del Congreso se contradicen, la más reciente prevalece sobre la anterior. “No se advierte que el Poder Ejecutivo pueda suspender la vigencia de una norma sobre la base de las disposiciones de otra norma anterior de igual jerarquía”, sostuvieron en el fallo al que accedió Quorum.
El Estado había argumentado que no podía cumplir con la ley sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, la Cámara citó un informe de la propia Oficina de Presupuesto del Congreso, según el cual el costo de implementar la ley equivaldría apenas al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Qué significa la actualización para los estudiantes
La ley 27.795, en su artículo 6, establece la recomposición de los montos de los programas de becas —Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano, Enfermería y otros— por la misma variación de precios que los salarios del sector universitario. Esto implica que no solo las Becas Progresar tradicionales recibirán el aumento, sino también las líneas destinadas a formación profesional, enfermería y carreras estratégicas.
Actualmente, la Progresar se organiza en tres líneas principales: Finalización de la educación obligatoria, Fomento de la educación superior y Progresar Enfermería, con montos uniformes de $35.000 mensuales. Con el fallo judicial, todas ellas deberían experimentar el mismo incremento porcentual.
Cómo sigue el conflicto judicial
La medida cautelar confirmada tiene carácter provisorio y regirá hasta que haya una sentencia definitiva en el juicio principal, donde se resolverá si el decreto presidencial que suspendió la ley es o no inconstitucional. El Gobierno puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia, donde ya tiene pendiente otro planteo vinculado al mismo expediente.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, celebró la resolución y afirmó que “no hay margen para mayores demoras” por parte del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la ley. “Se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y resguarda el derecho al acceso a la educación superior”, concluyó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.
Impacto en los beneficiarios
Para los miles de estudiantes que dependen de las becas para continuar sus estudios, este fallo representa un alivio en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo. Desde la Federación Universitaria de Rosario (FUR) , su presidente Alejo Rossi calificó la decisión como “un paso más que demuestra que el esfuerzo vale la pena y que la sociedad argentina unida no permitirá que avasallen su derecho a educarse”.
La implementación concreta del aumento dependerá de los actos administrativos que dicte el Ejecutivo en cumplimiento de la orden judicial. Por ahora, los beneficiarios deberán estar atentos al calendario de pagos de ANSES, organismo encargado de la acreditación de las becas.
