Con la puesta en marcha de la Pensión No Contributiva por Discapacidad orientada a la protección social, el esquema de asistencia en Argentina incorpora un modelo que busca ordenar y actualizar el acceso a este tipo de prestaciones.
La medida fue oficializada por la ANSES en conjunto con la Secretaría Nacional de Discapacidad, con el objetivo de establecer criterios unificados y mejorar la transparencia en la distribución de los recursos públicos.
En este marco, el sistema renovado sustituye a las anteriores PNC por discapacidad e introduce condiciones más rigurosas, tanto en los requisitos como en los mecanismos de control.
La propuesta se integra dentro de un proceso de reorganización técnica que apunta a optimizar la trazabilidad del sistema y garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Condiciones para acceder a la nueva pensión por discapacidad
Entre los requisitos centrales para solicitar la prestación se destaca la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, documento esencial para iniciar o conservar el beneficio.
Asimismo, quienes deseen acceder deberán demostrar residencia efectiva en el país y no contar con otras prestaciones incompatibles, como jubilaciones o pensiones contributivas.
Otro aspecto clave del nuevo esquema es la evaluación socioeconómica, ya que el organismo realiza un análisis detallado de los ingresos y bienes tanto del solicitante como de su grupo familiar para verificar su condición de vulnerabilidad.
Por su parte, la Secretaría Nacional de Discapacidad asume un rol determinante en la supervisión del sistema, mediante controles administrativos periódicos que permiten asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Estas auditorías resultan fundamentales para sostener la transparencia del programa a lo largo del tiempo.
Una de las modificaciones más destacadas es que la prestación ahora puede combinarse con empleo formal. A diferencia de modelos anteriores, los beneficiarios podrán trabajar sin perder la ayuda, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, una medida que busca impulsar la inclusión laboral y fortalecer la autonomía económica.
