La Corte Suprema ratificó una medida cautelar que obliga a la administración de Javier Milei a aplicar dos puntos específicos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados al aumento salarial de trabajadores docentes y no docentes, además del incremento de las becas destinadas a estudiantes.
Mediante una resolución tomada por unanimidad, los tres integrantes del máximo tribunal rechazaron el pedido de apartamiento impulsado por el Poder Ejecutivo, que sostenía que los magistrados no debían intervenir por desempeñarse también como docentes universitarios. Asimismo, desestimaron el recurso extraordinario presentado por el Gobierno, que buscaba dejar sin efecto la cautelar vigente.
Qué artículos quedan alcanzados por la decisión judicial
La resolución judicial mantiene vigente la cautelar emitida previamente por el juez federal Martín Cormick, que ordena al Ejecutivo cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la normativa, al menos hasta que exista una decisión definitiva sobre el fondo de la causa.
El artículo 5 establece que los ingresos de docentes y personal no docente de universidades públicas deben actualizarse desde diciembre de 2023 con aumentos que no puedan ubicarse por debajo de la inflación informada por el INDEC. También dispone la convocatoria a paritarias universitarias cada tres meses y exige propuestas salariales alineadas con la evolución del IPC.
Por otra parte, el artículo 6 determina que las becas estudiantiles actualizadas por inflación —entre ellas Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería— deben ajustarse automáticamente de acuerdo con la variación de precios.
Cómo impactaría el fallo en los salarios universitarios
Durante los primeros días de junio, representantes del Gobierno y sindicatos universitarios habían alcanzado un acuerdo para aplicar una mejora salarial acumulada del 24,3% para docentes y trabajadores no docentes.
El esquema acordado contemplaba una primera suba del 21,3% durante junio, calculada sobre los salarios básicos de mayo de 2026, y una segunda actualización del 3% prevista para octubre, aplicada sobre los haberes de septiembre.
Con ese entendimiento, un docente auxiliar de primera con dedicación simple de nueve horas semanales y diez años de antigüedad pasaría de percibir un salario bruto cercano a $337 mil a unos $409 mil.
Sin embargo, si se aplicara plenamente la actualización prevista por la Ley de Financiamiento Universitario, los salarios tendrían que incrementarse alrededor de un 56% respecto de los haberes de mayo.
Dicho de otro modo, para cumplir con la cautelar vigente, el Ejecutivo debería sumar aproximadamente un 29% adicional a los aumentos ya acordados. Tomando el mismo ejemplo, el ingreso bruto pasaría a ubicarse alrededor de los $525 mil.
Cuánto deberían aumentar las becas según la normativa
La legislación universitaria establece que las ayudas económicas estudiantiles deben ajustarse por inflación desde diciembre de 2023 hasta el momento de sanción de la ley, promulgada en octubre de 2025. Bajo ese criterio, el incremento acumulado alcanzaría el 241% durante ese período.
En el caso de las Becas Progresar para estudiantes universitarios, el beneficio abonaba $20 mil en noviembre de 2023 y posteriormente fue elevado a $35 mil en septiembre de 2024 por la gestión de Javier Milei. Desde entonces, ese monto se mantuvo sin modificaciones.
Si se aplicara la actualización prevista por la ley, las becas deberían haber alcanzado los $68.200 desde octubre de 2025, lo que representaría una suba cercana al 95% frente al monto actual. Además, si ese mecanismo hubiera continuado ajustándose por inflación posteriormente, el valor hoy rondaría los $84 mil.
¿Qué puede pasar ahora con las Becas Progresar?
Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno ya no puede apelar la cautelar que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el aumento de las Becas Progresar no se aplicará automáticamente, ya que todavía depende de que el Poder Ejecutivo implemente la medida.
Los dos escenarios posibles
1. El Gobierno cumple el fallo
El Ministerio de Capital Humano puede actualizar los montos de las Becas Progresar y asignar las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con la ley. En ese caso, el aumento —que podría rondar el 95%— se aplicaría sin que los beneficiarios tengan que realizar ningún trámite.
2. El Gobierno demora la implementación
Aunque la cautelar quedó firme, el Ejecutivo podría demorar su aplicación por cuestiones administrativas, presupuestarias o de ejecución. Mientras no se oficialice la actualización de los montos, ANSES continuará pagando las Becas Progresar con los valores actuales.
En definitiva, el fallo representa un respaldo judicial para el aumento, pero el pago efectivo dependerá de que el Gobierno dicte las medidas necesarias para ponerlo en marcha.
