Un grupo de diputados peronistas y provenientes de espacios dialoguistas presentó un proyecto para crear el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, una iniciativa que busca el regreso de los créditos blandos de ANSES para que hogares de menores ingresos puedan cancelar deudas contraídas con fintech, cooperativas, mutuales, cadenas comerciales y otros proveedores no financieros.
La propuesta lleva las firmas de Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Emir Roberto Félix, Nicolás Massot, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí, Marianela Marclay y Victoria Tolosa Paz.
El proyecto propone habilitar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a destinar hasta el 20% de su cartera al otorgamiento de créditos para trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y pequeños contribuyentes. El objetivo es que quienes hoy recurren a financiamiento de mayor costo puedan reemplazar esas obligaciones por préstamos con condiciones reguladas y una cuota que no supere el 30% de sus ingresos mensuales.
La iniciativa aparece en un escenario en el que el endeudamiento de los hogares dejó de estar asociado solamente a la compra de bienes durables y comenzó a utilizarse para financiar gastos corrientes. Los fundamentos del proyecto sostienen que la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento del crédito empujaron a muchas familias hacia mecanismos de financiamiento con tasas más elevadas.
La discusión también expone una de las consecuencias menos visibles del programa económico de Javier Milei: cuando el ingreso disponible no alcanza para cubrir las necesidades habituales, muchas familias sostienen el consumo mediante el crédito, comprometiendo ingresos futuros.
Deudores morosos: por qué nace el proyecto
Según los datos incorporados por los autores, desde noviembre de 2023 el Índice de Gastos Fijos acumuló una suba cercana al 480%, frente a una variación aproximada del 259% del IPC y del 249% del RIPTE. Los autores sostienen que una parte creciente de los ingresos se destina a alquileres, servicios, transporte y combustibles, dejando menos margen para alimentos y otros gastos.
Los fundamentos también citan información del sistema financiero según la cual la morosidad de los préstamos a hogares alcanzaba valores del orden del 7,8%, frente al 1,9% correspondiente al financiamiento a empresas.
Esa dinámica se refleja especialmente en los proveedores no financieros de crédito, como fintech, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales. La cartera de crédito de las fintech pasó de $724.000 millones en julio de 2024 (a precios de julio de 2025) a $2,583 billones en julio de 2025, mientras que la cantidad de deudores aumentó 24% interanual y la deuda promedio por persona creció 235% respecto de marzo de 2024.
El proyecto interpreta ese comportamiento como una señal de que el esquema actual de financiamiento no resulta sostenible para los hogares endeudados ni para los propios prestadores. Por eso propone derogar el Decreto 1039/2024 e incorporar a la Ley 24.241 la posibilidad de que el FGS vuelva a otorgar créditos a beneficiarios del sistema previsional y trabajadores aportantes, con un límite del 20% de su cartera total.
El impacto durante el gobierno de Milei
El cambio tiene una lectura política que excede la discusión sobre una línea de préstamos. Durante la gestión de Javier Milei, la orientación oficial sobre el FGS estuvo vinculada a una estrategia de administración de activos y reducción de las herramientas de crédito directo para determinados sectores.
Los autores sostienen que la suspensión de líneas como Argenta y Créditos ANSES dejó sin una herramienta pública de financiamiento a sectores que, al mismo tiempo, enfrentan mayores gastos fijos y tasas elevadas.
El destino prioritario de los préstamos sería cancelar deudas en condiciones más gravosas con proveedores no financieros. El monto máximo inicial por beneficiario sería de $1.500.000, actualizado semestralmente de acuerdo con la variación del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El costo financiero no podría superar la tasa TAMAR más 10 puntos porcentuales o la tasa mayorista de referencia que determine el Banco Central.
La propuesta también contempla el descuento automático de las cuotas sobre haberes o prestaciones, con el objetivo de reducir el riesgo de incobrabilidad. Por ese motivo, la cuota no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario.
Los destinatarios serían jubilados, pensionados por fallecimiento, titulares de pensiones no contributivas que cobren hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de la AUH y de la Asignación por Embarazo, trabajadores públicos y privados con ingresos de hasta seis salarios mínimos, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D.
Además, ANSES debería publicar cada tres meses información sobre el stock de créditos, la tasa promedio, la mora, la distribución por tipo de beneficiario y región, y el destino declarado de los préstamos, mientras que la SIGEN y la AGN tendrían a cargo las auditorías correspondientes.
