El Gobierno nacional planea suspender cerca de 20.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral de Anses luego de detectar posibles irregularidades en su asignación. De acuerdo con información atribuida a fuentes oficiales, la medida se anunciaría en los próximos días, en el contexto de una auditoría a gran escala que comprende a más de 1,1 millones de beneficiarios en todo el país.
Desde la Casa Rosada explicaron que las verificaciones tienen como finalidad mejorar la administración de los recursos públicos y asegurar que la prestación llegue a quienes reúnen las condiciones legales. Según indicaron voceros del Gobierno, los controles apuntan a detectar beneficios presuntamente otorgados de manera fraudulenta y evitar que el dinero estatal se destine a personas que no cumplen con los requisitos.
Por ahora, las autoridades no detallaron qué documentación o pruebas técnicas justificarán cada suspensión individual. No obstante, adelantaron que las auditorías seguirán durante los próximos meses, por lo que podrían producirse nuevas interrupciones en el pago de estas pensiones.
Ley de Discapacidad y cobertura de salud
El avance de las revisiones se conoció pocos días después de que la Cámara de Diputados aprobara una nueva Ley de Discapacidad. Durante el debate, el oficialismo aceptó cambios al proyecto inicial que permitieron preservar la continuidad de las pensiones. La iniciativa ahora deberá ser analizada por el Senado.
Además de recibir un ingreso mensual, los titulares de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pueden acceder a cobertura médica mediante el programa Incluir Salud, de acuerdo con las condiciones y los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Auditorías a organizaciones e instituciones
La revisión impulsada por el Gobierno no se limita a los expedientes de los beneficiarios, sino que también incluye a entidades que reciben fondos públicos. Entre los casos recientes figura la Fundación METAS, situada en la localidad bonaerense de Moreno, que fue excluida del registro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La decisión se produjo después de inspecciones en las que se detectaron irregularidades importantes en el funcionamiento de la institución.
