Miranda Ruiz, una médica de la ciudad de Tartagal, en Salta, está siendo judicializada tras realizarle un aborto con pastillas a una joven de 21 años, a once meses de haberse legalizado la interrupción voluntaria del embarazo en el país.
En este caso, la paciente cursaba la semana 22 de gestación, y aunque la nueva ley pone un tope de 14 semanas para realizar una práctica abortiva, también se permite la acción de forma posterior por motivos de salud o frente a violaciones. Al respecto, la defensa sostiene que se aplicaron todos los protocolos necesarios para el tratamiento, iniciado el 24 de agosto.
Sin embargo, este martes la Fiscalía de la provincia de Salta amplió la imputación contra Ruiz al considerar que la interrupción del embarazo se produjo sin el consentimiento de la gestante, “ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento”. La denuncia fue radicada por una tía de la joven, cuya historia clínica no ha trascendido, respetando su intimidad y el secreto médico.
Esta decisión del Ministerio Público Fiscal salteño se dio a conocer horas después de que agrupaciones ultra feministas realizaran una manifestación frente al Poder Judicial, para exigir el sobreseimiento.
En efecto, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir señaló que “es absurdo” pensar que la embarazada haya sido obligada a abortar con misoprostol: “Además de carecer de fundamentos, no hace otra cosa que demostrar el sentido político que subyace a este hecho, que es dañar la integridad de Miranda, disciplinar e impedir el cumplimiento de la ley”.
La polémica se agranda porque Ruiz sería la única médica no objetora de conciencia en el hospital Juan Domingo Perón, por lo que peligraría el derecho al aborto en la ciudad de Tartagal: “Si no la dejan ejercer, no habría otro médico que lo garantice”, según manifestó al portal RT la doctora Macarena Villena, miembro de la Red en Salta.
De hecho, la implicada ya pasó algunas horas detenida a mediados de septiembre, motivando protestas para pedir su liberación y el repudio del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Aunque ahora está en libertad, el proceso sigue abierto, y el fiscal la acusa invocando el artículo 85 del Código Penal, que contempla de tres a diez años de prisión por abortos sin consentimiento, publica RT.
