El gobierno de Javier Milei planea recortar el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad de ANSES después de las elecciones de octubre, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta medida forma parte de los compromisos asumidos en el último acuerdo técnico con el organismo internacional.
Hasta ahora, el equipo económico de Luis Caputo destacó la reducción de la pobreza gracias a incrementos en la AUH y la Tarjeta Alimentar por encima de la inflación, un punto elogiado incluso por el FMI. No obstante, tras las elecciones de medio término, habrá un cambio de rumbo en la política social del gobierno.
Registro único y recorte de beneficiarios
El acuerdo suscrito con el FMI establece que, a partir de diciembre 2025, se implementará un registro social único para mejorar los controles de elegibilidad en estos programas. El objetivo declarado es optimizar la eficiencia, aunque el documento revela que la verdadera razón es alcanzar un mayor superávit fiscal.
El FMI exige un ajuste adicional del 0,3% del PBI para respaldar la transición cambiaria tras la flexibilización del cepo, buscando elevar el superávit fiscal al 1,6% (frente al 1,3% original). Esta meta se lograría, en parte, mediante la reducción de beneficiarios en AUH y pensiones por discapacidad.

En el Memorando de Políticas Económicas, el gobierno admite que reducirá subsidios energéticos y mejorará la focalización de ayudas sociales, usando el mismo registro único de datos. Estas reformas, previstas para fin de diciembre 2025, apuntan a recortar gastos mientras se mantiene el ajuste fiscal.
Detalles del ajuste planeado para la AUH y pensiones por discapacidad
El gobierno argentino reveló cómo implementará los cambios en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad. El plan consiste en unificar todas las bases de datos sociales en el Sistema de Indicadores Sociales (SIS), con apoyo técnico del Banco Mundial, para lograr una mejor focalización de los beneficios.
Actualmente, el SIS -dependiente del Ministerio de Capital Humano– recopila información mensual sobre pobreza, empleo, educación y salud. Sin embargo, los datos públicos no se actualizan desde mayo de 2024. Según fuentes oficiales, este sistema proporciona un panorama socioeconómico nacional que se renueva la primera semana de cada mes.
Incógnitas sobre el alcance del ajuste
El acuerdo con el FMI no especifica si los nuevos criterios afectarán solo a nuevos solicitantes o también a los beneficiarios actuales. El término “focalización” sugiere que podría tratarse de un recorte directo a la nómina existente. Situación similar ocurre con las pensiones por discapacidad, donde el reciente veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad evitó un gasto adicional de 0.25% a 0.48% del PBI.
Consultados por el diario digital El Destape, funcionarios de Capital Humano y ANSES no brindaron precisiones sobre la implementación concreta de estos cambios. Desde Economía negaron que el acuerdo hable explícitamente de “ajuste de beneficiarios“, aunque no ofrecieron una interpretación alternativa a los términos utilizados.
















