La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó la suspensión de más de 60.000 pensiones después de una minuciosa revisión realizada por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El Gobierno Nacional afirma que esta investigación descubrió irregularidades en la asignación de estos beneficios.
Quiénes son los beneficiarios que dejarán de cobrar la pensión
Manuel Adorni, portavoz presidencial, reveló que la auditoría reciente mostró posibles fraudes, con una desviación estimada de hasta el 33,33% de los 3.400.000.000 de dólares asignados a pensiones por invalidez laboral en 2023.
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Datos oficiales indican un incremento en las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, con 200.000 nuevas pensiones añadidas el último año, alcanzando más de 1.200.000.000 de beneficiarios.
Entre las anomalías detectadas se encuentran beneficiarios con múltiples vehículos, propiedades, bienes en el extranjero, embarcaciones y aviones privados. Adorni enfatizó que estas pensiones están destinadas exclusivamente a quienes realmente necesitan ayuda debido a una discapacidad que les impide trabajar.
Adicionalmente, se descubrió que cerca de 683 personas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires recibían pensiones sin haber pasado por un examen médico. Como respuesta, las autoridades iniciaron un proceso de verificación para identificar a los verdaderos necesitados y excluir a quienes no cumplen con los requisitos establecidos.
Requisitos para cobrar la Pensión No Contributiva por Discapacidad Laboral
La Asignación No Contributiva por Discapacidad Laboral se destina a personas que enfrentan obstáculos significativos para integrarse plenamente en la sociedad debido a su condición de salud y situación de vulnerabilidad. Los candidatos a esta prestación deben cumplir con varios requisitos específicos.
En primer lugar, es fundamental que el solicitante no reciba ningún otro tipo de beneficio previsional, ya sea jubilación, pensión o retiro. Además, no debe tener un empleo formal ni estar registrado como trabajador autónomo o monotributista regular, aunque sí se permite la inscripción como monotributista social.
Un aspecto crucial es que el aspirante carezca de ingresos o recursos suficientes. Para los solicitantes adultos, solo se evalúa su situación económica individual, sin considerar los ingresos familiares. En el caso de menores de edad, se analizan únicamente los ingresos de sus padres o tutores.
Respecto a la nacionalidad y residencia, se requiere ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con una década de residencia en el país. Para los menores, se exige que sus padres o tutores acrediten al menos tres años de residencia continua en Argentina.
Finalmente, el solicitante no debe estar recluido en una institución penitenciaria. Sin embargo, aquellos que estén bajo disposición judicial pero fuera de prisión sí pueden aplicar a esta asignación.
