El Gobierno nacional reglamentó de manera definitiva la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Luego de varios meses de debate y resistencia oficial al proyecto sancionado por el Congreso, el Poder Ejecutivo activó la normativa a través del Decreto 84/2026, que se publicó en el Boletín Oficial.
A partir de esta decisión se implementó un nuevo esquema de Pensiones No Contributivas (PNC) por Discapacidad para Protección Social, el cual incorpora exigencias actualizadas, mayores controles y nuevos criterios de permanencia para quienes perciben este beneficio previsional.
Nuevas condiciones para acceder a la pensión por discapacidad en febrero 2026
El decreto establece la conversión automática de todas las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su entrada en vigencia al nuevo régimen. Para ello, la autoridad competente deberá identificar, relevar y verificar la situación de cada titular actual.
En la reglamentación, el Ejecutivo remarcó la necesidad de fijar “definiciones operativas” que permitan armonizar la función protectora de la prestación con los objetivos de inclusión social y laboral.
El propósito central es evitar superposiciones con otros planes sociales y asegurar la coherencia del sistema de asistencia económica.
Con el fin de garantizar que el beneficio llegue únicamente a quienes cumplen los requisitos, el pago podrá suspenderse en las siguientes situaciones:
- Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 27.793 y su reglamentación por parte del beneficiario, apoderados o representantes.
- Incomparecencia sin justificación ante una citación vinculada a los requisitos de la prestación.
- Cobro indebido de haberes.
- Imposibilidad de notificar al titular por inconsistencias en los datos declarados o causas atribuibles al beneficiario.
Centralización de la política de discapacidad en Salud
Además de los cambios en los requisitos, la norma dispuso la integración de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio de Salud, lo que implica concentrar en esa cartera todas las políticas públicas vinculadas a discapacidad.
De acuerdo con el texto oficial, la medida responde a una visión integral del derecho a la salud y a la protección social, que contempla aspectos sanitarios, sociales y económicos, en línea con el modelo social de la discapacidad y los compromisos internacionales asumidos por el país.
La reglamentación también fija pautas de acceso, permanencia, incompatibilidades con otros beneficios, procedimientos administrativos y nuevos mecanismos de control. El sistema deberá coordinarse con políticas de inclusión laboral y criterios de compatibilidad de ingresos.
Auditorías y control de las PNC por discapacidad
El decreto instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para establecer los parámetros de evaluación socioeconómica. Asimismo, deberá presentar un plan de auditorías periódicas dentro de un plazo de 30 días, con el objetivo de reforzar el control y la transparencia del régimen.
