El vocero presidencial Manuel Adorni encabezó su primera conferencia de prensa del año, en la cual comunicó un conjunto de iniciativas que el Gobierno enviará al Congreso con el objetivo de impulsar una reforma estructural.
Dentro de ese paquete, adelantó modificaciones que impactarán sobre las leyes de Discapacidad y Educación Superior, lo que implicará que un sector de beneficiarios deje de recibir incrementos en sus prestaciones sociales.
Modificaciones en las pensiones por discapacidad
El Gobierno informó que se introducirán cambios en las normativas de discapacidad y educación superior sancionadas durante 2025 en el Congreso.
“El Gobierno anterior nos dejó un Estado fundido sin capacidad para afrontar la carga de salarios públicos y las prestaciones sociales que dicen defender”, afirmó Adorni durante la conferencia.
En ese marco, señaló que dichas leyes responden a una lógica de “distribuir recursos inexistentes y obligar a emitir dinero”. “Eso nos lleva directamente a profundizar la pobreza”, agregó.
Por este motivo, el funcionario anticipó que “los aumentos se otorgarán únicamente a quienes no pueden trabajar, y no a los miles de supuestos discapacitados que recibieron certificados de manera irregular”.
Conversión con auditoría: quiénes serán evaluados
El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de conversión automática de todas las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad otorgadas antes de septiembre de 2025.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, no solo implica un cambio administrativo, sino también una instancia de control y auditoría sobre una gran cantidad de beneficiarios.
El nuevo esquema se enmarca en la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793). Desde ahora, las prestaciones pasarán a denominarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
El proceso alcanza a todas las pensiones otorgadas por la ex ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) antes del 22 de septiembre de 2025.
Claves principales de la medida:
- Verificación de requisitos: la autoridad competente revisará el cumplimiento actual de las condiciones exigidas al momento de otorgar el beneficio, mediante cruces de información para confirmar si los titulares siguen cumpliendo los criterios.
- Continuidad del pago: mientras se desarrolla el proceso de control y hasta que se formalice la conversión, los beneficiarios continuarán percibiendo el cobro habitual.
- Actualización de datos: el Gobierno remarcó la importancia de mantener actualizada la información personal y de contacto para mejorar el seguimiento de las prestaciones y reducir posibles fraudes o errores administrativos.
