Durante noviembre, el Congreso analizará el proyecto de Presupuesto 2027, que incluye una modificación en el mecanismo de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del SUAF. La iniciativa busca suprimir los incrementos automáticos de estas prestaciones y modificar el sistema que utiliza Anses para ajustar sus valores cada mes.
La propuesta figura en el artículo 17 del texto enviado por el Gobierno Nacional. Allí se plantea dejar sin efecto tres disposiciones de la Ley 27.160, normativa que establece la movilidad de las asignaciones familiares del SUAF y la AUH.
Anses aplicó aumentos a la AUH y el SUAF en noviembre
En la actualidad, Anses modifica los importes de estas prestaciones todos los meses de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por este mecanismo, durante noviembre se aplicó una suba del 1,93%, oficializada mediante la Resolución 303/2026.
Con la actualización, la AUH de noviembre de 2026 pasó de $156.588 a $159.611 por cada hijo menor de edad. En el caso de la asignación universal por hijo con discapacidad, el importe aumentó de $509.863 a $519.704.
Los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también recibieron el ajuste mensual. La asignación por hijo se elevó de $78.304 a $79.816, mientras que el beneficio por hijo con discapacidad pasó de $254.943 a $259.864.
Estos incrementos se aplican de manera directa por la fórmula de movilidad que continúa vigente. De esta forma, las familias reciben una actualización mensual sin que el Poder Ejecutivo deba anunciar un aumento específico para cada período.
Qué pasaría con la AUH y el SUAF si se elimina la movilidad
El proyecto de Presupuesto 2027 busca eliminar la obligación establecida por ley de actualizar las asignaciones familiares en función de la inflación. No obstante, la modificación no supone la eliminación de la AUH ni la interrupción de los pagos del SUAF.
Tampoco establece que los importes deban permanecer sin cambios. El Gobierno conservaría la posibilidad de disponer incrementos, aunque ya no existiría una frecuencia mensual obligatoria ni un ajuste automático vinculado al IPC.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expresó su preocupación por las consecuencias que podría tener esta modificación. Para ilustrar los riesgos, señaló el caso de la Tarjeta Alimentar, que pasó 23 meses sin recibir aumentos debido a que no cuenta con un mecanismo automático de movilidad. Su última actualización se realizó en mayo pasado.
