El portavoz del gobierno, Manuel Adorni, anunció la cancelación de 60.000 pensiones de Anses debido a discrepancias con los criterios establecidos.
Una revisión llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) descubrió “actividades fraudulentas masivas” que resultaron en un desvío de aproximadamente 3.400 millones de dólares en el último año fiscal. Esta investigación fue dirigida por Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de ANDIS, junto con Mario Russo, Ministro de Salud de la Nación.
Entre 2003 y 2015, las pensiones no contributivas por incapacidad laboral se incrementaron de 79.000 a 1.000.045. Hacia finales de 2023, la cifra total ascendió a 1.222.000 beneficiarios, un número que Adorni calificó como “astronómico, inusual incluso para naciones afectadas por conflictos bélicos o desastres naturales”.
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Adorni resaltó algunas irregularidades, mencionando que la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires emplea a 683 personas que reciben pensiones por invalidez. De estas, “el 65%, es decir, aproximadamente dos tercios, fueron concedidas en menos de un mes”.
El Ejecutivo dará de baja 60.000 pensiones debido a incompatibilidades con los requisitos establecidos
La administración gubernamental reveló este viernes su decisión de revocar 60.000 pensiones por incumplimiento de los criterios estipulados. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, detalló que entre las anomalías detectadas figuran beneficiarios que poseen múltiples vehículos, inmuebles, activos en el extranjero, embarcaciones e incluso aeronaves privadas.
Adorni señaló que cada receptor indebido de una pensión por invalidez también recibió cobertura médica a través de Incluir Salud, lo cual implicó un desembolso promedio de 1.5 millones de pesos por afiliado desde el erario público.
“Las prestaciones por discapacidad deben destinarse únicamente a quienes verdaderamente las necesitan debido a una condición que les impide laborar, y no convertirse en un negocio lucrativo o en una fuente de recursos”, manifestó Adorni.
Asimismo, advirtió que se presentarán denuncias penales por cada pensión otorgada fraudulentamente. “Bajo el mandato del presidente Milei, se pone fin a la era de la viveza criolla, que no es más que corrupción con el dinero de los contribuyentes”, concluyó.
