Las universidades nacionales de Argentina se encuentran en un estado crítico a pocos días del inicio del ciclo lectivo. Si el gobierno no dispone un aumento de las partidas presupuestarias, estas instituciones podrían cerrar sus puertas en alrededor de dos meses, dejando a 300 mil trabajadores docentes y no docentes en la calle, y a 2,5 millones de estudiantes sin poder cursar sus carreras.
A pesar de los intentos individuales y los reclamos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los diálogos con la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendell, han resultado infructuosos. El acuerdo paritario marcha hacia un rumbo incierto, y para empeorar la situación, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, frenó la creación de cinco nuevas universidades cuya puesta en marcha fue dispuesta por leyes sancionadas en 2023.
Presupuesto insuficiente
Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del CIN, expresó su preocupación: “Si el gobierno se limita a entregar el mismo presupuesto que en 2023, con una inflación que supera el 250 por ciento interanual, será imposible que las 57 casas de estudio puedan afrontar el pago de salarios y servicios mínimos e indispensables“.
Greco advirtió que, en un escenario así, quedan en la cuerda floja los programas especiales, los proyectos de infraestructura y el funcionamiento de los hospitales universitarios. “Mantener las aulas abiertas será todo un desafío“, enfatizó.
Universidades declaran la Emergencia Económica
Frente a la falta de respuesta del gobierno, Greco afirmó: “No hablaría ni de vía administrativa ni judicial, sino de vía política. Estamos haciendo el mismo pedido a la Secretaría de Educación, luego vamos para arriba y hablamos con el Ministerio de Capital Humano. Si no hay respuesta, iremos a Economía, a Jefatura de Gabinete, al Congreso. Iremos a dónde sea para que el presupuesto universitario sea garantizado como un derecho“.
En medio de esta crisis, varias universidades han optado por declarar la “emergencia económica” para visibilizar la gravedad de la situación. Alicia Bohren, rectora de la Universidad de Misiones, señaló: “Teniendo en cuenta el congelamiento presupuestario y la inflación hemos declarado la emergencia y estamos trabajando en evaluar las estructuras de costos y observar aquellos aspectos que aún podemos reducir, aunque siempre fuimos muy austeros“.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ha anunciado un “Estado de alerta presupuestaria”. A través de un comunicado, expresaron su preocupación extrema por el congelamiento presupuestario que enfrenta la Facultad y solicitan al gobierno nacional una actualización del presupuesto para los gastos de funcionamiento de este año, asegurando así la continuidad de las actividades.
De manera similar, la Universidad Nacional de Quilmes declaró emergencia económica, enfatizando que en 35 años de existencia nunca habían estado tan cerca de un asfixio presupuestario que afecta no solo a los salarios y al funcionamiento, sino también a las becas, la investigación, la extensión, la cultura y la transferencia.
Siguiendo la misma línea, el Consejo de la Universidad Nacional de San Martín advirtió sobre las posibles consecuencias si el presupuesto universitario no se ajusta de acuerdo con los niveles de inflación actuales y si los salarios permanecen casi congelados. Alertan sobre el riesgo de que los laboratorios dejen de funcionar, las aulas queden vacías y se deterioren las condiciones económicas y financieras mínimas necesarias para el funcionamiento normal de la universidad, poniendo en peligro la continuidad del trabajo de profesores, investigadores, becarios, trabajadores no docentes y la formación de miles de estudiantes.
Otras casas de estudio, como la UBA, la UNQ, la UNSAM, Misiones, Luján, General Sarmiento, Mar del Plata, Hurlingham, La Pampa, Comahue, Río Negro, La Plata y Rosario, también han compartido declaraciones de emergencia, anunciado recortes en las propuestas educativas y difundido comunicados que manifiestan su preocupación ante el contexto actual.
En conclusión, las universidades nacionales se enfrentan a una situación inédita y alarmante, que amenaza con interrumpir los procesos de formación y poner en riesgo el futuro de millones de estudiantes y trabajadores. La lucha por un presupuesto digno es crucial para garantizar el derecho a la educación y evitar un colapso sin precedentes en el sistema universitario argentino.
