Este viernes 17 de octubre se conoció una buena noticia para los beneficiarios de pensiones por discapacidad que se pagan mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca amplió a nivel nacional la medida cautelar dictada en septiembre de 2025, dentro del amparo colectivo por la suspensión masiva de estos beneficios realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En la causa se unificaron las presentaciones de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Azul y particulares representados por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
El fallo ordena a Andis que, en un plazo de 24 horas, restituya todas las pensiones suspendidas o retenidas, pague los haberes adeudados y se abstenga de continuar con las auditorías basadas en el Decreto 843/2024, así como de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral hasta que se dicte una sentencia definitiva.
La resolución judicial reconoce que las suspensiones afectaron de forma uniforme a miles de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral, confirmando que se trata de un caso colectivo, ya que las vulneraciones comparten una misma causa legal y administrativa.
Además, el fallo designa como representantes del colectivo afectado a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Desde el CELS destacaron que el restablecimiento inmediato de las pensiones y la suspensión de nuevas auditorías son medidas urgentes y esenciales que garantizan a miles de personas con discapacidad el acceso a ingresos básicos para vivir con dignidad.
Denunciaron irregularidades en las auditorías de pensiones por discapacidad
Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron que el proceso de auditoría iniciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en agosto de 2024 se realizó sin una normativa clara, sin criterios públicos de evaluación y sin garantizar accesibilidad a las personas con discapacidad. También advirtieron que muchas notificaciones nunca llegaron a destino o presentaban errores formales, lo que impidió a los beneficiarios defenderse correctamente.
De acuerdo con datos oficiales citados en las demandas judiciales, la Jefatura de Gabinete informó que de las 997.654 cartas documento enviadas por la Andis, 504.802 —más del 50%— no fueron entregadas. En provincias como Chaco, Formosa y Corrientes, los avisos fallidos superaron el 70%, reflejando la magnitud del problema.
Antes de que la Justicia comenzara a fallar contra el decreto, la Agencia suspendió los pagos a 111.463 titulares de pensiones. En cada caso en que los jueces ordenaron la restitución, la Andis acató el fallo y reanudó el pago de los haberes correspondientes.
Con la nueva decisión del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, la medida cautelar obtuvo validez en todo el país. El magistrado dispuso que la Agencia restituya la totalidad de las pensiones suspendidas y se abstenga de aplicar nuevas auditorías o suspensiones basadas en el Decreto 843/2024, hasta que se emita una sentencia definitiva.
