A medida que se acerca la Marcha Federal Universitaria programada para este martes, crece la tensión entre los organizadores y el gobierno. Las autoridades confirmaron que el protocolo antipiquetes estará en plena vigencia, esperando gestionar lo que se anticipa como la concentración más numerosa desde que asumió el gobierno libertario de Javier Milei y Patricia Bullrich.
Desde el Ministerio de Seguridad, se reiteró que el protocolo “se aplica siempre que se incumplen las normas establecidas”, señalando un posible punto de fricción con los manifestantes, que prevén una asistencia masiva, dificultando el cumplimiento de las normas de no obstrucción en rutas y avenidas clave de la capital.
La tensión no solo radica en la logística de la marcha, sino también en el contenido ideológico del desacuerdo. El Presidente Milei lanzó duras críticas a las universidades públicas, acusándolas de fomentar el “adoctrinamiento” y de malversar fondos, a lo que se suma su antipatía general hacia la educación pública desde una perspectiva ideológica. Este choque se intensifica con una oferta de aumento del 70% en los gastos de funcionamiento propuesta por el Ejecutivo, rechazada por las entidades educativas como insuficiente y descontextualizada.
Movilización Pacífica
Los organizadores de la marcha, que incluyen a la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional, han declarado su intención de llevar a cabo una protesta pacífica. Sin embargo, admiten que la gran afluencia prevista podría hacer inevitable la obstrucción de vías, poniendo a prueba la promesa de paz y el cumplimiento del protocolo de seguridad.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Jorge Macri, aseguró que su prioridad es garantizar que la marcha se desarrolle pacíficamente. Mientras tanto, el Ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, aunque no hizo declaraciones recientes, ha mostrado en redes sociales cómo se manejaron situaciones similares en el pasado con el uso de medidas no letales para mantener el orden.
La marcha no solo es vista como un reflejo del descontento con las políticas actuales hacia la educación pública, sino también como un barómetro de la capacidad del gobierno para manejar las manifestaciones de descontento en un marco de respeto y seguridad. Con múltiples actores sociales anunciando su participación, el evento del martes promete ser no solo grande en escala, sino significativo en sus consecuencias para el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil.
