El ministro del Interior, Guillermo Francos, trató de calmar las aguas al afirmar que no había conflicto con los gobernadores después de la caída del proyecto de ley ómnibus. Sin embargo, desde Roma, Javier Milei concretó despidos de funcionarios vinculados a estos líderes regionales. En un comunicado, la Casa Rosada anunció que Milei pidió la renuncia de la secretaria de Minería, Flavia Royón, vinculada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y al titular de la Anses, Osvaldo Giordano, relacionado con el gobernador cordobés, Martín Llaryora.
La versión oficial justificó los despidos con la necesidad de tener “funcionarios comprometidos con la modernización y desburocratización del Estado”. Sin embargo, Milei acusó a los diputados que votaron en contra del proyecto y a los gobernadores de ser “traidores”. Apuntó especialmente a Sáenz y Llaryora. También señaló a Giordano por la supuesta falta de influencia en el voto de su esposa, la diputada Alejandra Torres.
Milei, desde Italia, desató su furia en redes sociales, anunciando cambios y criticando la “casta política”. Afirmó que el proyecto representaba “un país libre”, aunque sus críticos lo ven como una amenaza a los derechos ciudadanos. Además, prometió un programa económico para “exterminar” la inflación sin recurrir al Congreso y arremetió contra los intereses especiales y los gobernadores.
Estos despidos marcan el inicio de una posible purga en el gobierno tras el revés parlamentario. Se especula sobre más despidos, incluyendo a Franco Mogetta y Daniel Tilliard. Además, surge una disputa por las sucesiones, con nombres propuestos por el macrismo, como María Eugenia Vidal o Carolina Stanley, mientras que Sandra Pettovello busca colocar a alguien de su confianza en la Anses.
La violenta reacción de Milei y las tensiones en la Casa Rosada evidencian las dificultades para digerir el fracaso del proyecto de ley ómnibus y las consecuencias políticas que se desatan a raíz de este acontecimiento.
