El Senado tiene previsto debatir este jueves el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La propuesta ya consiguió media sanción en la Cámara de Diputados y recibió dictamen favorable de mayoría durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
La iniciativa llegó a esta instancia sin cambios respecto del texto aprobado por los diputados. El orden del día definitivo se definirá este miércoles a las 15, durante un encuentro de Labor Parlamentaria. El objetivo central es convertir en permanentes las principales medidas de la emergencia nacional en discapacidad, establecida por la Ley 27.793 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Según trascendió, el proyecto tendría apoyo de sectores peronistas y legisladores aliados. También quedaron expuestas las diferencias dentro del oficialismo y la intervención de Patricia Bullrich.
Qué puede pasar con el proyecto este jueves
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que el oficialismo está preparado para debatir la propuesta en el recinto. A través de una publicación en X, sostuvo: “Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”.
Dentro del Gobierno existían posiciones favorables a demorar la votación e incorporar modificaciones al texto. Sin embargo, Patricia Bullrich impulsó la continuidad del tratamiento legislativo. Durante el debate en comisión, representantes del oficialismo y de la oposición coincidieron en la importancia de establecer un marco permanente. De todos modos, también surgieron críticas sobre algunos artículos y sobre la ausencia de consultas a las organizaciones vinculadas con la discapacidad.
Discapacidad: quiénes podrían acceder a la pensión
La propuesta introduce cambios en el artículo 9 de la Ley 13.478 y habilita al Poder Ejecutivo a conceder pensiones no contributivas a personas mayores de 70 años, ciudadanos que no puedan trabajar y personas con discapacidad que no cuenten con cobertura previsional. Para obtener la pensión por discapacidad, se exigirían las siguientes condiciones:
- Presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el Documento Nacional de Identidad.
- Tener nacionalidad argentina por nacimiento, opción o naturalización. En el caso de extranjeros, se requerirán al menos cinco años de residencia legal, mínima y continua antes de iniciar el trámite.
- Contar con ingresos netos individuales inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. No se considerarán los ingresos del grupo familiar.
- No percibir otra jubilación, retiro o pensión, ya sea contributiva o no contributiva. Tampoco se podrá cobrar simultáneamente la AUH por discapacidad ni la asignación familiar correspondiente.
- Superar una evaluación socioeconómica, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
En caso de tener una propiedad a su nombre, el solicitante deberá demostrar que se trata de su única vivienda familiar. Por su parte, las pensiones por invalidez laboral continuarán bajo el régimen normativo que ya las regula.
Cuánto se cobraría y cuál sería la actualización
El proyecto conserva el esquema vigente para determinar el importe de las prestaciones. Tanto la pensión por discapacidad como la correspondiente a invalidez laboral equivaldrían al 70% de la jubilación mínima garantizada, con ajustes vinculados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La propuesta también contempla que los aranceles de los servicios y tratamientos se actualicen de manera automática y periódica, utilizando como parámetro la movilidad jubilatoria. Asimismo, se mantendría un nomenclador único para ordenar los valores de las prestaciones destinadas al sector.
Compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el trabajo registrado
Entre las modificaciones más relevantes figura la posibilidad de que los beneficiarios accedan a un empleo formal o se inscriban en el monotributo sin perder de inmediato la pensión. Para conservar el pago, deberán mantener sus ingresos por debajo del límite de dos salarios mínimos. Cuando superen ese monto, la prestación quedará suspendida durante el período en que se mantenga esa condición.
Si finaliza el vínculo laboral, independientemente del motivo, o los ingresos vuelven a ubicarse por debajo del máximo permitido, la persona podrá solicitar que se reactive el beneficio. La rehabilitación comenzará a regir desde el momento en que se presente el pedido.

Auditorías y garantías para los beneficiarios
El texto asigna a la Secretaría Nacional de Discapacidad, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud, la responsabilidad de realizar controles periódicos para comprobar que los titulares continúen reuniendo las condiciones exigidas.
Para llevar adelante esas verificaciones, el organismo podrá consultar y comparar información con distintas dependencias públicas, entre ellas ANSES, la Secretaría de Trabajo, ARCA, el SINTyS y el ReNaPer.
Cuando los controles indiquen que podría existir un incumplimiento, la autoridad deberá comunicar la situación al beneficiario, explicar las razones y otorgarle un plazo para presentar su descargo. Una vez finalizada esa instancia, podrá disponer la suspensión preventiva de la pensión.
Cobertura de salud, fondos y deudas con prestadores
Las personas que reciban pensiones por invalidez laboral o discapacidad accederán a un programa de atención médica que incluirá las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.
En cuanto al financiamiento, el proyecto establece que los gastos se afrontarán inicialmente con recursos del Ministerio de Salud. Si esas partidas resultan insuficientes, se podrán utilizar compensaciones de la Jurisdicción 91, correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro. Además, el presupuesto destinado al área no podrá ubicarse por debajo del nivel del año anterior en términos reales.
Por último, a partir de un planteo de los bloques aliados, se agregó un mecanismo para avanzar en la regularización de los pagos pendientes a los prestadores de servicios vinculados con la discapacidad.












