Los créditos ANSES podrían reactivarse durante 2026 a partir de un proyecto de ley que propone otorgar préstamos de hasta $1,5 millones destinados a jubilados, titulares de AUH y trabajadores informales. La iniciativa apunta principalmente al desendeudamiento de los hogares y no al financiamiento del consumo.
La propuesta legislativa intenta cubrir el vacío financiero que quedó tras la eliminación de estas líneas de financiamiento mediante el decreto 421/2025. El eje del programa no consiste en entregar dinero de libre disponibilidad, sino en permitir que familias con deudas difíciles de afrontar cancelen obligaciones con tarjetas de crédito, entidades financieras o préstamos informales, evitando recurrir a prestamistas con tasas que pueden llegar al 200% anual.
El proyecto establece que los préstamos estén dirigidos a sectores considerados vulnerables: titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados del SIPA con ingresos limitados, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), personal registrado de casas particulares y monotributistas de categorías A a D. En total, el universo potencial supera los 10 millones de personas que suelen tener dificultades para acceder al sistema bancario tradicional.
El mecanismo previsto indica que el dinero no se depositará directamente en las cuentas de los beneficiarios. En cambio, los fondos se transferirán de manera directa a los acreedores declarados por cada solicitante, asegurando que el préstamo se utilice exclusivamente para cancelar deudas. Además, el monto máximo se fijó en $1,5 millones, con actualización automática vinculada al Salario Mínimo Vital y Móvil para mantener su valor frente a la inflación.
Funcionamiento digital y control de los fondos
El esquema propuesto funcionará de manera totalmente digital mediante la plataforma Mi ANSES, sin participación de intermediarios ni gestores externos. Los solicitantes deberán informar sus deudas para que el organismo realice el pago directamente a bancos o emisores de tarjetas de crédito. También se prevén auditorías automáticas destinadas a verificar que los recursos se utilicen según el destino declarado y dentro de los límites establecidos.
La tasa de interés planteada sería la TAMAR más 10 puntos porcentuales, un nivel que quedaría por debajo de los costos de financiamiento habituales del sistema financiero. Al mismo tiempo, las cuotas mensuales no podrán superar el 30% del ingreso neto del beneficiario, con el objetivo de preservar la capacidad de pago de los hogares y evitar comprometer gastos esenciales.
Plazos y debate legislativo
A pesar de la expectativa generada, los créditos ANSES todavía no entraron en vigencia. La iniciativa primero debe aprobarse en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, con la posibilidad de comenzar a aplicarse durante el segundo semestre de 2026. Se prevé un debate intenso entre los legisladores, especialmente por el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra las reservas del sistema previsional.
Los impulsores del proyecto señalan que el objetivo no es promover el consumo, sino brindar una solución concreta a millones de personas que enfrentan deudas con intereses muy elevados. En ese sentido, la propuesta se presenta como una alternativa más segura frente a préstamos informales o tarjetas de crédito con costos financieros elevados. La aprobación de la ley será determinante para definir el alcance del programa y las condiciones de implementación de los futuros créditos de ANSES.
