El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó un plan de ajuste que impactará directamente en las jubilaciones y pensiones de los adultos mayores.
Según las planillas detalladas por Caputo, se prevé un recorte de 20.073 millones de pesos en el presupuesto destinado a jubilaciones y pensiones para el próximo año, sin contar la inflación anticipada por el propio titular de Hacienda.
Congelamiento de haberes y reducción del poder adquisitivo
De acuerdo con la planilla presentada, se destaca una contracción del 0,4% del PIB para el próximo año, lo que se traduce en un casi total congelamiento de los haberes de los jubilados. Actualmente, el porcentaje de la Seguridad Social representa el 6,7% del PIB, equivalente a 31.114.312,3 millones de pesos (31,1 billones de pesos), que también constituye el 46,2% del Presupuesto.
Este supuesto tijeretazo implica un recorte de 20.079 millones de pesos para el año próximo y un congelamiento virtual frente a una inflación que se supone estará por encima del 200%. De cumplirse esta inercia inflacionaria, el poder adquisitivo de los haberes se reduciría en términos reales en más de un 30%.
Modificaciones en la Ley de Movilidad Jubilatoria
Además del recorte, el Gobierno tiene la intención de modificar la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualmente ajusta los haberes de forma trimestral. Se buscará suspender esta movilidad jubilatoria que está prevista por ley y definir aumentos por decreto, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía.
Alerta en adultos mayores y posibilidad de decretos presidenciales
La incertidumbre persiste entre los adultos mayores, ya que el equipo económico considera la posibilidad de que aparezca un decreto presidencial que anule la ley de movilidad jubilatoria impulsada por Alberto Fernández. La idea es que los incrementos a futuro se den directamente por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), según considere el presidente Javier Milei, con el objetivo de reducir el valor real de las jubilaciones y destinarles menos recursos.
La Ley de Movilidad Previsional, que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral basado en la variación de un índice que surge de la recaudación de la Anses y la variación de los salarios. La misma se aplica a otros beneficios sociales que se gestionan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
La situación actual genera preocupación en la sociedad, ya que se cuestiona la posible disminución del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados en un escenario económico incierto.
