Con la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, las Pensiones No Contributivas (PNC) vuelven a ser compatibles con el empleo registrado. Esto implica que los titulares pueden acceder a un trabajo formal sin perder el cobro de Anses.
Compatibilidad de las Pensiones no Contributivas con el empleo formal
En 2023, el Decreto 566/2023 habilitó por primera vez que las PNC pudieran combinarse con el trabajo registrado, siempre que los ingresos no superaran un límite determinado. El objetivo fue promover la inclusión laboral sin castigar a quienes lograran incorporarse al mercado de trabajo.
No obstante, en 2024 el presidente Javier Milei firmó el Decreto 843/2024, que dejó sin efecto esa compatibilidad y restableció las condiciones previas para acceder al beneficio. La medida generó críticas de organizaciones sociales y beneficiarios, que señalaron un retroceso en la autonomía económica de las personas con discapacidad.
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.793, reglamentada mediante el Decreto 84/2026, se reestablece la compatibilidad entre la PNC y el empleo formal. La normativa permite:
- Conservar la PNC al acceder a un trabajo registrado con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, es decir, hasta $693.600 en febrero de 2026.
- Impulsar la inserción laboral como parte del modelo social de discapacidad que adopta la ley.
Aunque la norma ya rige, EconoBlog sugiere aguardar a que finalice el proceso de conversión de las prestaciones actuales hacia la nueva pensión no contributiva por discapacidad para la protección social antes de incorporarse al empleo formal.
De todos modos, es importante aclarar que esta compatibilidad no alcanza a las titulares de la PNC para madres de siete hijos, ya que se aplica exclusivamente a los beneficiarios de la pensión por discapacidad para la protección social.
Un cambio estructural en las políticas públicas
La ley aborda la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Además, define esquemas de auditoría, actualización de aranceles para prestadores, crea una PNC específica y asegura la centralización de la política pública en la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Según lo dispuesto por el Congreso, la vigencia de la norma se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
