Los Créditos ANSES podrían volver a implementarse en 2026, aunque con un enfoque diferente al que tuvieron en años anteriores. Un proyecto de ley impulsado por bloques opositores propone habilitar préstamos de hasta $1.500.000 para beneficiarios de programas sociales, jubilados y trabajadores informales. La iniciativa no busca estimular el consumo, sino ofrecer una salida para miles de hogares que enfrentan deudas con intereses muy elevados.
La propuesta surge luego de que el Decreto 421/2025 eliminó este tipo de financiamiento. Ahora, legisladores de distintos espacios plantean restablecer las líneas de crédito utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El objetivo principal no consiste en entregar dinero para gastos libres, sino en brindar una herramienta que permita cancelar deudas con tasas muy altas en tarjetas de crédito y préstamos informales.
La expectativa es grande. Millones de personas quedaron fuera del sistema bancario tradicional y ven en estos préstamos de ANSES una alternativa para reorganizar sus finanzas sin recurrir a prestamistas que cobran tasas que pueden superar el 200% anual.
Quiénes podrían acceder a los nuevos créditos de ANSES
El proyecto legislativo establece con claridad quiénes serían los posibles beneficiarios. La prioridad se centra en quienes reciben asistencia estatal y cuentan con ingresos bajos, sectores que históricamente quedaron fuera del sistema financiero formal.
Si la ley se aprueba, podrían solicitar el crédito los siguientes grupos:
- Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).
- Jubilados y pensionados del SIPA con ingresos de hasta seis haberes mínimos.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Personal de casas particulares registrado.
- Monotributistas de las categorías A, B, C y D.
El alcance potencial supera los 10 millones de personas que hoy tienen acceso limitado o nulo a préstamos bancarios tradicionales. El eje del proyecto se centra en la vulnerabilidad financiera, no en el consumo.
A diferencia de los programas anteriores, esta propuesta establece una condición clara: el dinero no podrá utilizarse para gastos personales. Los fondos deberán destinarse exclusivamente a cancelar deudas existentes.
Cómo funcionaría el sistema digital de desendeudamiento
El mecanismo propuesto introduce cambios importantes respecto a los Créditos ANSES vigentes hasta 2025. El beneficiario no recibirá efectivo ni transferencias directas a su cuenta bancaria. Todo el procedimiento será 100% digital y con destino específico.
La persona solicitante deberá indicar a qué banco, financiera o empresa emisora de tarjeta mantiene una deuda para que ANSES realice el pago directamente al acreedor.
El monto máximo previsto es de $1.500.000, con un sistema de actualización automática vinculado al Salario Mínimo Vital y Móvil. La medida busca evitar que la inflación reduzca rápidamente el alcance del programa.
Las condiciones financieras también están definidas en la iniciativa. La tasa de interés se calculará tomando la TAMAR más 10 puntos porcentuales, siempre por debajo del costo habitual de las tarjetas de crédito y préstamos personales del mercado.
Otro límite relevante establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante. El objetivo es preservar la capacidad de pago para cubrir gastos esenciales.
El esquema prevé auditorías automáticas que permitan verificar que los fondos lleguen al destino declarado. No participarán intermediarios ni gestores, ya que todo el trámite se realizará mediante la plataforma Mi ANSES.
Cuándo podrían habilitarse los nuevos préstamos
Es importante aclarar que los Créditos ANSES no se encuentran disponibles actualmente. La iniciativa todavía es un proyecto de ley que debe atravesar todo el proceso legislativo antes de transformarse en norma.
Mientras el Congreso no apruebe la ley, ANSES no tiene habilitado ningún formulario de inscripción ni trámites para solicitar estos créditos. Cualquier mensaje en redes sociales que ofrezca inscripciones anticipadas o adelantos resulta falso.
Si el proyecto logra media sanción en la Cámara de Diputados durante marzo, podría ser tratado en el Senado entre abril y mayo. En ese escenario, la entrada en vigencia recién sería posible en el segundo semestre de 2026.
Los impulsores del proyecto reconocen que el debate legislativo no será sencillo. El oficialismo expresó objeciones, principalmente por el uso de recursos del FGS, fondo que administra las reservas del sistema jubilatorio.
La discusión incluirá aspectos económicos, sociales y previsionales. Todo indica que será uno de los debates más intensos del año parlamentario, con millones de argentinos atentos al resultado final.
