El Gobierno estudia la posibilidad de transferir a los jubilados que accedieron por moratorias a la categoría de beneficiarios de planes sociales, en un intento por mejorar la sostenibilidad del sistema previsional y abordar desigualdades en los ingresos de los jubilados, según informó una alta fuente de la Casa Rosada.
Según publica Ámbito, la iniciativa responde a la preocupación por la situación del sistema previsional, que se vio afectado por la incorporación de casi 4 millones de personas que se jubilaron mediante moratorias, sin completar los aportes necesarios. Esta situación generó un desfinanciamiento y una percepción de injusticia, dado que se considera que aquellos que aportaron durante toda su vida laboral deberían tener prioridad en los recursos.
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La propuesta que evalúa el Gobierno deberá pasar por el Congreso, dado que las moratorias anteriores fueron dispuestas mediante leyes parlamentarias.
En medio de la creciente inflación, los jubilados han sido uno de los sectores más afectados, con una pérdida de ingresos cercana al 30% en términos reales en los últimos meses, según estimaciones privadas.
Convertir a los jubilados en beneficiarios de Planes Sociales
Dentro de las opciones consideradas en el Gobierno se contempla transferir a los jubilados por moratorias a un sistema de subsidios relacionados con los planes sociales, asegurando así que no queden desprovistos de asistencia. Esta medida apunta a reequilibrar la distribución de recursos y aliviar la carga del sistema previsional.
El pago de jubilaciones y pensiones constituye casi el 40% del gasto público y, según datos de IDESA, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) representó el año pasado un gasto equivalente al 7,2% del PBI. Sin embargo, existe un desafío en términos de financiamiento, ya que los aportes salariales cubren solo el 55% del sistema, mientras que el resto proviene de impuestos y transferencias del Tesoro.
El SIPA, concebido como régimen general, opera junto a otras cajas provinciales, municipales, de profesionales y bancos públicos, sumando cerca de 240 regímenes que pagan unos 10 millones de jubilaciones y pensiones. Esta complejidad añade desafíos a la administración y la equidad en el sistema.
