El Poder Ejecutivo nacional presentó en el Congreso una propuesta legislativa que introduce modificaciones en la Ley de Emergencia en Discapacidad, con impacto directo sobre el sistema de pensiones por invalidez. El texto, identificado como “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, busca ajustar las condiciones de acceso, intensificar los mecanismos de control y suprimir beneficios actualmente contemplados en la normativa vigente.
Reforma en pensión por discapacidad: qué cambios propone el proyecto
La iniciativa contempla eliminar varios artículos clave de la legislación actual —entre ellos el 5, 8, 9, 14 y 20— que garantizaban criterios de cobertura amplia y protección del derecho. En caso de aprobarse, se volvería a un esquema anterior a la Ley 27.793, reduciendo avances vinculados al acceso y a la pensión por discapacidad requisitos 2026.
Uno de los ejes centrales es la puesta en marcha de un reempadronamiento obligatorio para quienes ya perciben la prestación. Los titulares deberán validar nuevamente su condición médica, su situación económica y su historial laboral. De no cumplir con este proceso, se aplicaría una suspensión preventiva automática que podría derivar en la pérdida del beneficio.
Aunque se mantiene formalmente el derecho a defensa, el proyecto establece que la responsabilidad de acreditar la información recaerá en los propios beneficiarios, modificando el esquema vigente hasta el momento.
A su vez, se incorpora un sistema de control más riguroso mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, con el objetivo de detectar irregularidades tanto en solicitudes como en prestaciones ya otorgadas.
Cambios en el monto de la pensión por invalidez
En cuanto al valor de la prestación, la propuesta fija que la pensión no contributiva por invalidez monto será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Sin embargo, se elimina la posibilidad de otorgar adicionales por condiciones laborales o ubicación geográfica desfavorable.
También se introducen modificaciones en el esquema de prestaciones. El proyecto elimina el piso mínimo de aranceles unificados y redefine el sistema de financiamiento, alterando la estructura actual.
En esta línea, se habilita la celebración de acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para gestionar y distribuir los recursos. Esto implicaría la desaparición del nomenclador nacional y una mayor flexibilidad en la negociación entre prestadores, obras sociales y entidades privadas.
Respecto a la actualización de valores, se establece que los aranceles se ajustarán trimestralmente o en función del IPC si hay demoras. Además, se suma una compensación extraordinaria para prestadores vinculada a la inflación, aunque sin un mínimo garantizado.
Otros aspectos relevantes del proyecto
Uno de los puntos más debatidos es la incompatibilidad total entre la pensión y cualquier empleo formal o inscripción laboral. De avanzar esta medida, quienes accedan a un trabajo registrado perderían automáticamente el beneficio, lo que modifica el enfoque actual de inclusión laboral discapacidad Argentina.
Esta decisión eliminaría la posibilidad de combinar ingresos laborales con la pensión, una herramienta que había sido impulsada para promover la integración al empleo formal.
Asimismo, el proyecto elimina incentivos dirigidos a empresas y organizaciones que fomentaban la contratación de personas con discapacidad. Al quitar estos estímulos, se reducirían las políticas de promoción del empleo inclusivo dentro del mercado laboral registrado.
