El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la eliminación del Registro de Abogados y Gestores Administrativos de la ANSES, una decisión fundamentada en la necesidad de facilitar el acceso al sistema de seguridad social mediante la supresión de “obstáculos innecesarios”.
Desde 1974, la Ley N° 17.040 establece las personas autorizadas para representar a beneficiarios ante ANSES, incluyendo cónyuges y profesionales del derecho. No obstante, el registro experimentó diversas modificaciones que, según argumenta el Gobierno, complicaban el acceso a beneficios sociales. Esta eliminación integra el Decreto N° 70/23, orientado a la emergencia pública y desregulación económica.
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El documento oficial indica que el requisito de contar con representación legal o administrativa constituía “una restricción cuestionable” sobre la libertad de elección de los beneficiarios respecto a quien podía asistirlos en gestiones ante ANSES.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, principal promotor de esta medida, expresó mediante su cuenta en X (anteriormente Twitter): “Continuamos eliminando privilegios que perjudican a los ciudadanos”. El funcionario enfatizó que la Resolución 982/24 anula el registro implementado en 2014, el cual limitaba las opciones de las personas al exigir la contratación de profesionales para tramitar jubilaciones.
Impacto en los jubilados tras la desregulación del registro de Abogados y Gestores
La implementación de esta medida promete simplificar las gestiones para los jubilados, sin generar complicaciones adicionales en los procedimientos actuales.
El ministro Sturzenegger señaló que estas limitaciones funcionaban como barreras que beneficiaban a ciertos grupos profesionales, perjudicando a los jubilados. En sus palabras: “Cada procedimiento representa un peaje que beneficia a la casta y termina siendo pagado por todos”.
El funcionario destacó que la supresión del registro permite a los ciudadanos elegir libremente cómo realizar sus trámites previsionales ante ANSES, eliminando la obligatoriedad de contratar intermediarios registrados. Además, mencionó que estas son precisamente las restricciones que el presidente Javier Milei busca eliminar para garantizar las libertades individuales.
