En un fallo con alcance nacional, el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca dispuso que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá restablecer en un plazo máximo de 24 horas todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas, además de pagar los haberes retenidos a los beneficiarios.
El tribunal también ordenó que, hasta que se emita una sentencia definitiva, la ANDIS se abstenga de continuar con las auditorías o aplicar nuevas suspensiones de pensiones. Cabe recordar que, a comienzos de octubre, el Gobierno nacional ya había restituido las pensiones por discapacidad en Formosa, luego de otro fallo judicial adverso.
Fallo con alcance colectivo y nacional
La resolución judicial se origina en diversas causas acumuladas ante el tribunal catamarqueño, presentadas por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y personas afectadas, con el respaldo de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
El fallo reconoce el carácter colectivo del reclamo, al determinar que las suspensiones impactaron de manera uniforme en miles de beneficiarios en todo el país. Por este motivo, la decisión beneficia a todos los titulares de pensiones suspendidas, sin necesidad de que realicen presentaciones individuales.
Designación de representantes del colectivo afectado
El tribunal designó como representantes del grupo demandante a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, destacando su compromiso en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Según lo expresado en la sentencia, esta designación tiene el fin de garantizar una representación adecuada y responsable, asegurando la protección de los derechos colectivos y la efectividad del fallo a nivel nacional.
Un fallo que protege los derechos de las personas con discapacidad
Con esta decisión, el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca busca garantizar el restablecimiento inmediato de los ingresos esenciales de miles de personas con discapacidad que habían quedado sin sustento económico tras la suspensión de sus pensiones. Este fallo se considera un paso fundamental en la defensa del derecho a una vida digna y a la protección social de los sectores más vulnerables.
En paralelo, el Gobierno nacional anunció un aumento del 5% en las pensiones por discapacidad, aunque aún no se confirmó la fecha de su implementación.
